Antiguos cuadros eléctricos
Chick, Martin, y Henry Vivian Nelles. “Nationalisation and Privatisation. Ownership, Markets and the Scope for Introducing Competition into the Electricity Supply Industry “, Revue économique, vol. 58, nº 1, 2007, pp. 277-293.
Chick, Martin, y Henry Vivian Nelles. “Nationalization and Privatization. Ownership, Markets, and the Scope for Introducing Competition into the Electricity Supply Industry”, Revue économique, vol. 58, no. 1, 2007, pp. 277-293.
Chick, M. y Nelles, H. (2007). Nationalisation and Privatisation: Ownership, Markets and the Scope for Introducing Competition into the Electricity Supply Industry. Revue économique, 58, 277-293. https://doi.org/10.3917/reco.581.0277
Chick, M. & Nelles, H. (2007). Nationalization and Privatization: Ownership, Markets, and the Scope for Introducing Competition into the Electricity Supply Industry. Revue économique, 58, 277-293. https://doi.org/10.3917/reco.581.0277
Ley de nacionalización de la industria del carbón de 1946
Este documento analiza los poderes del Estado sobre la industria eléctrica mexicana. La reforma energética de 2013-2014 sustituyó el modelo híbrido de comprador único -defectuoso por la excesiva intervención del gobierno- por un mercado eléctrico mayorista que se extenderá gradualmente a todos los usuarios. Para maximizar la competencia, el Estado ha conservado amplias y numerosas facultades de intervención a través de la Secretaría de Energía. La transición de un monopolio público a un mercado abierto conlleva importantes riesgos, que México pretende minimizar con una fuerte autoridad política y un mercado relativamente controlado.
México nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Cincuenta años más tarde, abrió de nuevo la industria al capital privado, reservando al mismo tiempo la intervención del Estado como empresario, inversor, regulador y ente rector de la actividad. Esta apertura se enmarca en un proceso más amplio de liberalización y desregulación del sector energético, que incluye los hidrocarburos y sus derivados. La última fase de este proceso, además de la más importante y simbólica, fue la reforma constitucional de diciembre de 2013. Entre todos los argumentos esgrimidos para justificar la liberalización del comercio y la inversión en electricidad, dos son especialmente relevantes. El primero es que el monopolio público no estaba dando buenos resultados, especialmente en materia de tarifas, y el segundo es que esta liberalización daría espacio al crecimiento económico y al bienestar social.
Ley de electricidad
Las compañías eléctricas prosperaban, pero su imagen pública estaba empañada. Tanto los políticos como los académicos denuncian con firmeza los abusos cometidos por las compañías eléctricas: tarifas elevadas, mal servicio, beneficios exorbitantes, arrogancia ante los intentos del gobierno de regular la venta de electricidad. Actuando con gran valentía, el Primer Ministro Adélard Godbout tomó la decisión de expropiar los activos de electricidad y gas del poderoso monopolio Montreal Light, Heat and Power. La gestión de la empresa se asignó a una corporación provincial: la Comisión Hidroeléctrica de Québec. Y así, el 14 de abril de 1944, nació Hydro-Québec.
La Gran Depresión de los años 30 sacudió a Norteamérica hasta sus raíces. La industria se ralentizó a paso de tortuga y el desempleo se hizo crónico. Las objeciones a las prácticas de las compañías eléctricas se hicieron cada vez más enérgicas. El gobierno liberal de Alexandre Taschereau se vio obligado a tomar medidas. Taschereau creó una comisión de investigación: la Comisión Lapointe, que presentó su informe un año después. El informe criticaba ciertas prácticas de las compañías eléctricas, pero no se pronunciaba a favor de la nacionalización. En su lugar, recomendaba la creación de una comisión provincial de electricidad para regular todos los aspectos de la industria eléctrica.
La junta de electricidad
Pero los argumentos a favor de la nacionalización se han reforzado en los últimos meses. El valor de las acciones de las grandes empresas de combustibles fósiles se ha hundido, por lo que es un buen momento para que el gobierno federal compre. En abril de 2020, una fuente estimó que una compra del 100 por ciento del sector por parte del gobierno costaría 700.000 millones de dólares, y una participación del 51 por ciento en cada una de las principales empresas sería, por supuesto, considerablemente menor. Sin embargo, en mayo de 2020 los precios de las acciones subieron más o menos un tercio debido a las expectativas de un restablecimiento bastante rápido de la demanda.
Los progresistas pueden pensar que no es necesario ir tan lejos; ¿por qué no centrarse en los “malos” de los combustibles fósiles y dejar en paz a los “buenos” de la energía eólica, la solar y las “tecnologías limpias”? Pero esta no es una opción. El modelo neoliberal de “energía con fines de lucro” se enfrenta a un colapso de amplio espectro, y la revolución energética que se requiere para alcanzar los objetivos climáticos plantea una serie de formidables desafíos económicos y técnicos que requerirán una cuidadosa planificación energética y estar anclados en un enfoque de “bienes públicos”. Si queremos un sistema energético con bajas emisiones de carbono, es absolutamente esencial la propiedad pública total.