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Como exige la Constitución, el sector eléctrico es de propiedad federal, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controla esencialmente todo el sector; la participación privada y las empresas extranjeras sólo pueden operar en el país mediante contratos de servicios específicos. Los intentos de reformar el sector se han enfrentado tradicionalmente a una fuerte resistencia política y social en México, donde las subvenciones a los consumidores residenciales absorben importantes recursos fiscales.
El sector de la electricidad en México depende en gran medida de las fuentes térmicas (75% de la capacidad total instalada), seguido de la generación hidroeléctrica (19%). Aunque la explotación de los recursos solares, eólicos y de biomasa tiene un gran potencial, la energía geotérmica es la única fuente renovable (excluyendo la hidroeléctrica) con una contribución significativa al mix energético (2% de la capacidad total de generación). Los planes de expansión para el periodo 2006-2015 estiman la adición de unos 14,8 GW de nueva capacidad de generación por parte del sector público, con un predominio de los ciclos combinados.
Red eléctrica de México
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México, uno de los pocos países de América Latina que se ha resistido a la marea de la liberalización, mantiene un monopolio estatal en el mercado de la electricidad. Al seguir su propio camino manteniendo el predominio del gobierno en el sector, México tiene una importante pregunta que responder: ¿Es este camino sostenible?
El sector eléctrico mexicano es de propiedad federal, como exige la Constitución, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es responsable directa de alrededor del 70% de toda la electricidad producida en México. Tras su reciente adquisición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la CFE controla el 100% de la red de transmisión y distribución del país. Pocos países han mantenido este nivel de control gubernamental sobre la industria. Las empresas privadas sólo pueden participar en licitaciones específicas ofrecidas por la CFE.
Historia de la electricidad en México
El 30 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de Reforma a la Constitución Mexicana en Materia Energética. La iniciativa pretende nacionalizar los sectores energético y minero, volver a un modelo monopólico dual para los hidrocarburos y la electricidad, y establecer el control gubernamental en toda la cadena de suministro del proceso de transición energética, incluyendo la ciencia, la investigación y el desarrollo, y la inversión.
La iniciativa es más explícita en lo que respecta al sector eléctrico: Se cancelarían los contratos y permisos de generación eléctrica existentes; el operador del sistema independiente pasaría a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Secretaría de Energía absorbería a los órganos reguladores autónomos; y las empresas estatales se convertirían en entidades gubernamentales.
En esta década, América del Norte podría llegar a ser autosuficiente en materia de energía, un exportador neto de petróleo crudo y gas natural, y un productor dinámico de fuentes de energía renovable y minerales críticos para apoyar la transición a una economía de bajas emisiones de carbono.
Fuentes de electricidad en México
Estas reformas energéticas fueron históricas y muy necesarias, tras décadas de decadencia y mala gestión en PEMEX, la empresa petrolera estatal de México. Las reformas dieron paso a miles de millones de dólares de nuevas inversiones de líderes mundiales en energía, creando nuevos empleos, nuevos descubrimientos de petróleo y gas, nueva infraestructura de transporte de energía y activos de generación eléctrica en beneficio de la economía local y los consumidores mexicanos.
A pesar de parte de su retórica más extrema durante la campaña de 2018, AMLO asumió una postura moderada hacia la industria energética y sus numerosos inversores internacionales a principios de su presidencia, posiblemente influenciado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero en 2021, con la llegada de una administración estadounidense abiertamente hostil a la industria nacional, AMLO ha comenzado a tomar medidas para centralizar el control gubernamental sobre la energía, más recientemente con la propuesta de una serie de medidas constitucionales que reafirmarían el control estatal del mercado eléctrico.
Si se promulgan, estas nuevas reformas revertirán los compromisos nacionales anteriores con un sistema regulado de forma independiente y basado en el mercado que fomentó la inversión y los beneficios que México puede lograr a través de ellos. Desterrarán la inversión privada en electricidad, reservarán al Estado el control futuro de la extracción de litio e incluso eliminarán dos organismos reguladores clave en materia de energía -la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de la Energía (CRE)-, consolidando sus funciones bajo la Secretaría de Energía y la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tiempo que darán mucho más margen de maniobra a PEMEX.